La justicia, desde el punto de vista de cualquier ciudadano, se entiende que debe ser la garantía máxima de que realmente nos encontramos en un estado de derecho y de que podemos acudir a ella en busca de la adecuada tutela cuando vemos menoscabado alguno de nuestros derechos. Yo ahora mismo me encuentro en esa situación, sintiendo que, apelando a un garantismo extremo, desde algún sector de ella nos están tomando el pelo y que se están pisoteando los derechos de todos los ciudadanos como conjunto haciéndole un flaco favor a la credibilidad del sistema.
No me cabe en la cabeza, por muchas vueltas que le de, que alguien que ha sido escuchado por todos diciendo aquello de que “aquí hay pastuqui para todos” se pueda permitir el lujo, y que le hagan caso, de denunciar al juez que autorizó unas escuchas que, por muy ilegales que hayan sido declaradas ahora, responden a unos hechos de los que todos somos conocedores y sobre los que tenemos una opinión formada bastante clara al respecto. Así una buena parte del caso Gürtel va a quedar inutilizado, judicialmente hablando que no socialmente, por la anulación de las escuchas telefónicas obtenidas en la cárcel a implicados en la trama de corrupción que salpica (cala hasta la rodilla me atrevo a decir) a miembros del PP.
Desde la extrema derecha (Falange) se promovieron actuaciones contra Garzón por su investigación de los crímenes del franquismo, y ahí está, en el banquillo. Desde el entorno Gürtel se urdió una campaña paralela de desprestigio de este juez y de cuestionamiento de su actuación en el caso centrándose sobre todo en la legalidad de la autorización de unas conversaciones en las que aparecen indicios de delito a cada poco. ¿Y qué es lo peor de todo esto? A mi juicio, el descrédito que sufre la justicia, algo que ya ocurrió en el Caso Naseiro, que se inició por otro "pinchazo" por un asunto de drogas y destapó una serie de episodios de supuesta financiación ilegal del PP, o las afirmaciones de uno que después fue ministro de que “estaba en política para hacer dinero”.
En aquel caso el Supremo anuló la validez de los pinchazos como prueba al considerar vulnerados los derechos de los acusados y el caso se acabó. En uno y otro caso la justicia camina de manera diferente a lo que un ciudadano considera lógico, cosa difícil de comprender y justificar; no son válidas las escuchas como prueba, vale, pero existieron las conversaciones; más grave es aún en el caso Gürtel, encima el juez ahora es denunciado por destapar el asunto. El mundo al revés, me gustaría reclamar a la justicia que mis derechos como ciudadano que se siente expoliado por estos hechos que hablan de desvío de dinero público se aclaren en un juzgado, y no que sea el acusado quien tira de la manta, contribuiría a restaurar la fe en la institución.