Respuesta al señor Valdés

Las columnas de Roberto L. Blanco Valdés acostumbran a no dejarme indiferente, pero en la que publica hoy bajo el título ¿Adonde vamos con políticos así?, además de no dejarme indiferente me obliga a manifestar mi desacuerdo con la contraposición de actitudes que califica de igual modo, puesto que para ilustrar lo desatinado a veces del ejercicio político de nuestros representantes públicos uno de los ejemplos buscados no lo entiendo adecuado.

Que esta semana el diputado popular Daniel Varela calificase en el Parlamento de «nacionalsocialista» al anterior Gobierno bipartito parece un despropósito a todas luces inaceptable por cualquier demócrata convencido y practicante, y coincido con Blanco Valdés en que a quien descalifica es al que insulta, y no al insultado.

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Respecto a que a La conselleira de Sanidade no se le cediese un centro cívico municipal, debido a que se consideraba un acto político la charla, hasta se podría discutir dado que para este tipo de actos no parecen las instalaciones adecuadas, ahora, en lo que reside en mi opinión el desatino al comparar los dos casos es en que la solicitud de uso del citado centro municipal se hizo sin respetar los plazos habituales establecidos para ello por lo que, de haberse concedido se hubiese obrado con una discrecionalidad y de un modo arbitrario que no se corresponde con la garantías que el artículo 9 de la constitución establece en la línea, lógica, de exigir igualdad de trato a todos los ciudadanos, sean conselleiros o albañiles, en el ejercicio de los poderes públicos, por lo que la actitud de Silvia Longueira es escrupulosa y ejemplarizante con la legalidad, de hecho le planteo una cuestión señor Valdés, ¿no cree usted que los mismos que critican el no haber cedido los locales criticarían el que se le hubiesen dejado tras una petición fuera de plazo? Yo creo que sí, excepto los que torticeramente le están dando la vuelta a los argumentos con un fin creo que político pero de un perfil demasiado bajo.

No entiendo la polémica

Se ha hablado durante estos días bastante acerca de la polémica sobre la negativa de la concejalía dirigida pos Silvia Longueira a que la Conselleira de Sanidade impartiese una charla sobre la gripe A en el centro cívico del barrio coruñés de Los Rosales, que si se debería haber realizado allí, que la negativa supone algo arbitrario, que se ha hecho política de un asunto sanitario, en fin, un poco de todo.

Para mí hay una serie de cosas irrefutables, la primera que esta Conselleira acaba de participar en la ciudad de A Coruña en unas charlas sobre religión y política en las que sus declaraciones, recogidas en todos los medios, levantaron ampollas. Segundo, la petición de uso del citado centro cívico fue formulada sin respetar los plazos habituales para estos espacios. Tercero, que lejos de utilizar los cauces institucionales que se requieren para mejorar a cada día las relaciones entre administraciones por el bien de todos, no se ha instado al ayuntamiento coruñés desde la consellería a que se cediese ese espacio, violando el mínimo rigor que la cosa institucional requiere. Cuarto, que se ha dicho que no se trataba de un acto político, pero lo cierto es que según se ha podido leer en la prensa, abundaba entre el público la presencia de destacados militantes populares que nada tienen que ver con el barrio.

Y, por último y quinto, que si no se emplean los cauces oportunos para hacer las cosas el hecho de que se concedan permisos de uso de centros cívicos para actos más o menos políticos, sin respetar plazos y formas, y con los recientes antecedentes de la polémica de la ponente, en caso de haber otorgado el permiso, a mí juicio, si se hubiese obrado de una intolerable manera arbitraria, dado que se le hubiese concedido a la conselleira, por el hecho de ser quien es, algo que a cualquier otro solicitante, bajo idénticos parámetros, no se le hubiese permitido.

Intolerable permanencia en el cargo

La seguridad social en España tiene establecidos diferentes sistemas para integrar a los trabajadores, y uno de ellos es el Régimen Especial de Empleados de Hogar. Para ser encuadrados en este grupo se atenderá al número de horas trabajadas, que para el caso de los empleados de hogar denominados fijos está establecido en un tiempo igual o superior a 80 horas de trabajo al mes y, para el caso de los discontinuos, el límite está en 72 horas mes, realizadas, al menos, durante 12 días en dicho mes.

Es decir, que las condiciones ya de por sí duras de este tipo de tareas se hallan dentro de un marco normativo especial que permite contrataciones sobre un número de horas al mes extremadamente bajo, y que, relacionándolas con la remuneración habitual por hora determina salarios con los que difícilmente se puede llegar a fin de mes si no se pluriemplea el trabajador. Y no debemos olvidar la tendencia de alguna gente a forzar al trabajador a hacer más horas reales de las que figuran en el contrato, que viene a ser así una suerte de cláusula de seguridad por si ocurre un accidente poder, dicho coloquialmente, lavarse las manos.

A mi juicio no estaría de más abrir un debate que permita revisar este tipo de normativa laboral para evitar las huidas de la ley por parte de alguna gente, pero, en todo caso, lo que ya me parece intolerable es que, existiendo la posibilidad de contratar a alguien en una modalidad especial muy por debajo de las cuarenta horas semanales, una Directora Xeral de la Xunta, encima del área de Formación e Colocación , no dimita tras ser condenada por despedir de modo improcede a una empleada del hogar a la que ni siquiera tenía contratada ni, por supuesto, dada de alta en la seguridad social cuando existe un régimen que facilita la contratación parcial. No caben excusas, ni medias tintas, ni esperar a las respuestas a recursos judiciales abiertos, en un estado de derecho hay cosas que no se pueden permitir, más cuando estamos en un momento económico difícil y este tipo de conductas por parte de a quien le corresponde participar en la organización laboral en Galicia alienta el desprecio por las normas y los trabajadores. Entiendo que son además responsables de esa situación todos los que como la Conselleira de Traballo y el Presidente de la Xunta explícitamente la amparan al no cesarla.

Más razón que un santo...